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Situación a la que se orienta esta política:
Varios factores de tipo político, las brechas sociales o la propia dinámica de
procesos productivos y de crecimiento de las grandes ciudades afectan en el
debilitamiento y fragmentación del tejido social.
La falta de integración y cohesión de la sociedad está también vinculada a los
procesos de participación social institucionalizada donde sus principales críticas
son su funcionalización y burocratización; incluso algunas de las formas de
organización y expresión de la sociedad han sido controladas, censuradas y
hasta criminalizadas.
La pérdida de vínculos y relaciones comunitarias, barriales, parroquiales; el
poco apoyo para las iniciativas de organización de la sociedad; la poca
valoración del papel de la ciudadanía en el sostenimiento y fortalecimiento de
las políticas públicas, la gestión institucional y de su participación en la toma de
decisiones; una planificación centralizada, tecnocrática y burocratizada, entre
otras, abonan en problemas de integración social, de gobernabilidad
democrática de la institucionalidad pública; incluso tienen sus repercusiones en
temas como el de la seguridad ciudadana.
Aunque ha existido una débil aplicación de los instrumentos (Constitución,
leyes, ordenanzas y otras normativas) que promueven la participación
ciudadana, existe un anhelo ciudadano por participar y expresarse de manera
libre, y de incidir en la toma de decisiones, tanto a escala barrial (obras,
servicios y demás temas que los atañe) como de las políticas locales en
general.
Si bien la alcaldía está presente y valorada, su gestión no siempre ha sido
cercana y ágil. La arquitectura institucional del Municipio no siempre ha
respondido a las demandas ciudadanas, denotando poca capilaridad
institucional en territorios y una débil presencia de los equipos, acciones y
programas sociales municipales, así como en su relación con la ciudadanía.
De allí que un Gobierno de cercanía no solo depende de infraestructura y
dotación de servicios cercanos a la población, sino también de su relación con
la ciudadanía que la vincule con la toma de decisiones, procesos de consulta y
mecanismos de participación ligados a todos los momentos de la política
pública local y de los servicios.
La construcción del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito
constituye un mandato constitucional postergado, además de ser un clamor de
los habitantes de la capital y sus organizaciones. Este constituye la posibilidad
de redefinir la arquitectura institucional, la gestión municipal, y la construcción
social de una ciudad para el corto, mediano y largo plazos. Proceso que no
puede perder de vista su construcción con un altísimo grado de participación