VEEDURÍAS CIUDADANAS

  • Las veedurías ciudadanas constituyen mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la gestión pública de las personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios públicos, con el objeto de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, así como exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público.
  •  Las veedurías son de carácter temporal y su accionar deberá ser objetivo e imparcial. Su propósito es intervenir en la gestión y la administración de lo público, previniendo actos de corrupción y cumpliendo el objetivo para el que fueron creadas.  
  • Las veedurías ciudadanas son de carácter voluntario y no constituyen órganos de la municipalidad. El Municipio no asume ninguna relación contractual, civil, laboral, ni financiera con el grupo o sus miembros, quienes responderán de forma personal por sus actos u opiniones.
  • La municipalidad ejercerá la gestión de la competencia del registro de veedurías ciudadanas mediante herramientas que garanticen la transparencia de la información, la celeridad en el proceso de registro y la coordinación debida con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. EL registro estará a cargo de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción. Se regirá de acuerdo a lo establecido en la ley Orgánica de Participación Ciudadana y su Reglamento.
  • Las veedurías ciudadanas se conformarán con un mínimo de tres integrantes, por sus propios derechos o por delegación de organizaciones sociales.
  • El/la veedor/a ciudadano/a, es la persona debidamente acreditada, quien ejerce sus derechos de control social, con el fin de controlar y vigilar la gestión de las entidades públicas o privadas que manejen fondos públicos, y/o a las personas naturales o jurídicas del sector público o privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público.
  • Para ser veedor/a ciudadano/a se requiere:
    Ser ecuatoriano residente en el Ecuador o en el extranjero, en goce de los derechos de participación;
    En el caso de ciudadanos extranjeros, encontrarse en situación migratoria regular en el Ecuador, en ejercicio de los derechos de participación;
    En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes, o sus comunidades;
    Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.